Ecuador atraviesa una crisis de seguridad marcada por un aumento exponencial de extorsiones y secuestros, según datos oficiales citados en un proyecto de ley presentado por el presidente Daniel Noboa. En 2024, se registraron 20,293 casos de extorsión, un incremento del 205.1% en tres años, mientras que los secuestros extorsivos alcanzaron 1,457 casos, con un alza del 150.7%. En lo que va de 2025, se reportan 4,569 extorsiones, consolidando a estos delitos como pilares de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno declarado por el gobierno.
El proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, enviado a la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2025, propone un régimen jurídico especial con medidas financieras y de seguridad para desmantelar las redes delictivas. Entre sus objetivos está incautar bienes de grupos criminales, destinarlos al Estado y a la reparación de víctimas, y reactivar zonas afectadas por la violencia. Además, busca incentivos económicos, como reducir el impuesto a la renta para quienes donen suministros a la fuerza pública. La Asamblea calificó la iniciativa como urgente en materia económica, destacando su intención de frenar las finanzas de la delincuencia organizada.
Sin embargo, expertos advierten que el problema de fondo es la impunidad. Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, explica que la incapacidad del Estado para controlar todo el territorio permite que los grupos criminales trasladen sus operaciones a zonas menos vigiladas, un fenómeno conocido como “efecto globo”. Esta dinámica, sumada a la fragmentación de bandas tras la captura de líderes, ha intensificado delitos predatorios como la extorsión y el secuestro, especialmente en provincias como Esmeraldas, que en 2025 registra 1,548 crímenes en cuatro meses.
La situación de seguridad se agrava por la debilidad institucional. Human Rights Watch ha señalado que la declaración de conflicto armado interno, emitida en enero de 2024 tras una ola de violencia que incluyó la toma de un canal de televisión, ha llevado a violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque los homicidios han disminuido un 27% en 2025 (tasa de 17.04 por 100,000 habitantes), el aumento de extorsiones y secuestros refleja que los grupos criminales mantienen el control en ciertas áreas.
Las autoridades han intensificado operativos, con 73,471 realizados entre enero y febrero de 2024, resultando en la incautación de miles de armas, explosivos y más de 43 toneladas de drogas. La Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE), creada en 2024, reportó 20 operativos y 77 detenciones en una semana de septiembre del mismo año. Sin embargo, la persistencia de estos delitos sugiere que las medidas actuales son insuficientes.
Analistas como Glaeldys González, de Crisis Group, critican la falta de propuestas integrales que aborden la justicia, la reforma policial y el sistema carcelario. La militarización de cárceles, en vigor desde enero de 2024, no ha eliminado las economías ilícitas al interior, y los grupos criminales continúan reclutando menores y explotando comunidades vulnerables. La Fiscalía, liderada por Diana Salazar, ha rechazado reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que podrían facilitar la impunidad, como la inclusión de informes de comisiones de derechos humanos como evidencia para revisar sentencias.
El proyecto de ley representa un paso hacia el control de las finanzas criminales, pero su éxito dependerá de superar las deficiencias estructurales del Estado y garantizar que las medidas no se queden en parches temporales. Mientras tanto, los ecuatorianos enfrentan una realidad donde uno de cada tres reporta haber sido víctima de la delincuencia, la cifra más alta de la región, según el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch.
