El Ministerio del Trabajo de Ecuador, liderado por la ministra Ivonne Núñez, presentó el 29 de abril de 2025 una propuesta de reforma al artículo 216 del Código de Trabajo, que regula la jubilación patronal, en la primera sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS). La iniciativa busca reemplazar el esquema actual, que beneficia solo al 4% de los trabajadores del sector privado tras 25 años de servicio continuo en una misma empresa, debido a despidos frecuentes antes de los 20 años para evitar los costos asociados. La reforma propone crear un fondo común financiado con aportes de empleadores y trabajadores desde el inicio de la relación laboral, administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) o una entidad pública como el Banco del Pacífico, permitiendo que el fondo sea portable entre empleos.
El proyecto, que no aplicará de forma retroactiva y regirá solo para nuevas contrataciones, establece que los trabajadores con 25 años de servicio acumulados, continuos o no, podrán acceder a una pensión jubilar. Las mesas técnicas, conformadas por sindicatos, empresarios, el Ministerio del Trabajo y el IESS, se instalarán en un plazo de 30 días y tendrán 90 días adicionales para perfeccionar el texto que se enviará a la Asamblea Nacional. La propuesta ha generado críticas del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que argumenta que exigir aportes a los trabajadores desnaturaliza la jubilación patronal. El FUT defiende un fondo financiado únicamente por empleadores, con un aporte del 10% del salario desde el inicio del contrato, como plantearon en 2021.
La ministra Núñez destacó que el sistema actual fomenta despidos intempestivos y trabajo informal, afectando tanto a los trabajadores, que pierden estabilidad, como a los empleadores, que enfrentan altos costos y pierden personal experimentado. Solo el 35,4% de los trabajadores entre 45 y 64 años en Ecuador tiene empleo pleno, lo que refleja la dificultad de reinserción laboral para quienes son despedidos cerca de los 50 años. El IESS realizará cálculos actuariales para determinar los porcentajes de aportación al fondo, asegurando su sostenibilidad. La reforma también incluye una disposición transitoria que otorga 180 días al IESS y al Biess para emitir la normativa y constituir el fideicomiso que administrará los fondos.
El debate en el CNTS mostró consenso sobre la necesidad de modernizar el sistema, pero persisten discrepancias sobre el financiamiento. Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), señaló que las nuevas dinámicas laborales requieren actualizar el Código de Trabajo, pero insistió en proteger los derechos adquiridos. Mientras, expertos como Juan Sebastián Naranjo subrayan que la reforma debe ir acompañada de un entorno de confianza para atraer inversiones y generar empleo, adaptándose a nuevas modalidades como el trabajo remoto. El proceso legislativo, que culminará en 120 días, busca equilibrar los intereses de trabajadores y empleadores para garantizar una jubilación más accesible y sostenible.
