El Gobierno Nacional prepara el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley antimafia diseñado para atacar de raíz el sostenimiento económico de los grupos de delincuencia organizada. Según Mishel Mancheno, vicepresidenta del Legislativo y encargada de introducir el documento, la normativa no se limita al endurecimiento de penas, sino que plantea una reestructuración integral de la política criminal. El objetivo central es debilitar la base financiera de las mafias mediante un sistema articulado que permita al Estado gestionar y reutilizar los bienes incautados con mayor rapidez, tomando como referencia la experiencia de Italia en el combate a asociaciones de tipo mafioso.
Expertos y analistas coinciden en que la efectividad de esta ley dependerá de su capacidad para simplificar los procedimientos de recuperación de capitales ilícitos y evitar la burocracia procesal. Especialistas en derecho penal sugieren que el foco debe ponerse en el decomiso de bienes debidamente comprobados, fortaleciendo la seguridad de los operadores de justicia y destinando los recursos recuperados a fines sociales y al equipamiento de las fuerzas del orden. No obstante, advierten que para evitar caer en el populismo penal, la ley debe garantizar una administración transparente de los activos y una integración real entre las instituciones de inteligencia, justicia y el sistema financiero.
