El activista y defensor de derechos humanos venezolano Rodrigo Diamanti, fundador de la organización Un Mundo Sin Mordaza (UMSM), tomó la decisión de retornar a Venezuela tras más de diez años de exilio forzado. Su regreso se produce en medio del escenario de incertidumbre política abierto desde la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas estadounidenses. Diamanti, quien fue encarcelado en 2014 en el Helicoide tras impulsar la campaña internacional SOS Venezuela durante la ola de protestas antigubernamentales, abandonó el país de forma clandestina por la frontera con Colombia luego de sufrir persecuciones, secuestros y allanamientos por parte de los organismos de seguridad del Estado.
A su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía, el activista fue retenido temporalmente durante una hora y actualmente enfrenta restricciones administrativas que le impiden tramitar su pasaporte para salir nuevamente del país. Pese a que el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha dispuesto la liberación de un grupo de presos políticos y mostrado señales de flexibilización, Diamanti advierte que la estructura de control social y los mandos señalados por crímenes de lesa humanidad continúan en sus cargos. Asimismo, el defensor expresó su preocupación tras ser señalado directamente por Diosdado Cabello en el programa Con el Mazo Dando, espacio calificado por organismos internacionales como Amnistía Internacional como una antesala habitual para detenciones arbitrarias.
El retorno de Diamanti se suma al de otras figuras políticas y de la sociedad civil que buscan recuperar espacios de participación ciudadana en el territorio nacional. Frente al panorama de la transición política, el activista cuestionó cualquier intento de postergar o dilatar la convocatoria a elecciones presidenciales, instando a fijar plazos definitivos para la restitución democrática. Mientras la Corte Penal Internacional y la ONU mantienen abiertas sus investigaciones por violaciones a los derechos humanos desde 2014, Foro Penal registra que más de 320 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en el país sudamericano.
