El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el martes la terminación de las negociaciones de paz con el Estado Mayor de Bloques, facción disidente de las FARC liderada por alias Calarcá. El mandatario justificó la decisión tras señalar que el grupo guerrillero incumplió los acuerdos de protección ambiental en la Amazonía y continuó con ataques directos contra la fuerza pública y la población civil. Esta ruptura ocurre de forma simultánea a la negativa del Clan del Golfo de alcanzar un acuerdo final, lo que deja al proyecto de Paz Total en una situación crítica a pocos meses de que finalice el actual periodo presidencial.
Durante una reunión ministerial, Petro enfatizó que no es posible construir la paz sobre mentiras o pactos rotos, especialmente ante la persistencia de actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación desmedida que financia a estos grupos en la frontera con Venezuela. La decisión se suma a los fracasos previos con el Ejército de Liberación Nacional y otras facciones insurgentes, las cuales, según diversos analistas y sectores de la oposición, habrían aprovechado los ceses al fuego para fortalecer su capacidad operativa y territorial en las zonas rurales del país.
El panorama para el cierre de la administración se complica debido a la presión internacional, destacando las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos ante la percepción de una lucha insuficiente contra la producción de cocaína. Con casi todos los procesos de diálogo suspendidos o estancados, el intento del primer gobierno de izquierda por desarmar a los actores del último conflicto armado del continente enfrenta un cierre de ciclo marcado por el aumento de atentados con drones y coches bomba, dejando la resolución del conflicto en una profunda incertidumbre política.
