El Ministerio de Educación recordó que las agresiones físicas entre estudiantes pueden ocasionar sanciones que trascienden una suspensión temporal, llegando hasta la separación definitiva del establecimiento educativo. Josué Aizaga Ruiz, subsecretario de Educación, Deporte y Cultura, explicó que esta medida constituye la máxima sanción prevista en el artículo 212 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Asimismo, el funcionario aclaró que los planteles están obligados a activar los protocolos de atención y acompañamiento psicosocial a través del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), aun si los altercados se registran fuera de la jornada académica o fuera del recinto escolar, garantizando la protección de la comunidad educativa.
Las normativas vigentes, fortalecidas con el Acuerdo Ministerial 28-A de 2026, otorgan autonomía a los colegios para gestionar la convivencia interna, pero exigen canalizar las faltas graves hacia las instancias legales correspondientes. En casos donde se identifiquen lesiones o indicios de delito, las autoridades educativas deben remitir el caso a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Ante la ocurrencia de hechos flagrantes, como la tenencia de armas o el expendio de sustancias sujetas a fiscalización, la institución tiene la obligación de alertar de inmediato a la Policía Nacional.
Padres de familia consultados valoraron el rol activo de las instituciones en la resolución de conflictos, coincidiendo en la necesidad de reforzar la prevención tanto en el hogar como en las aulas. Con el fin de robustecer el abordaje integral y la capacidad de respuesta, el Estado destinó un presupuesto de 21 millones de dólares para la contratación de 3000 profesionales del área psicológica y social durante este año. Este personal reforzará la cobertura de los DECE en los distintos regímenes escolares del país para trabajar en la identificación de riesgos y el desarrollo de habilidades socioemocionales.
