En medio de las intervenciones estatales a las salas de monitoreo municipal en Quito y Guayaquil por alertas de presunto espionaje, la Asamblea Nacional tramita un proyecto de ley formulado por la bancada de Acción Democrática Nacional para normar la videovigilancia en todo el país. La iniciativa parlamentaria plantea crear un marco normativo integral para administrar la instalación, funcionamiento y tratamiento de imágenes captadas por dispositivos públicos y privados que excedan el ámbito doméstico. Bajo este esquema, el Ministerio del Interior asumirá el rol de ente rector de las políticas del sector, mientras que el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 se encargará de la gestión técnica operativa y de la administración de un nuevo Registro Nacional de Sistemas de Videovigilancia.
La propuesta legislativa faculta al ECU911 para acceder a las bases de datos del Registro Civil, Policía Nacional y Consejo de la Judicatura con el fin de emplear tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas en la prevención de delitos. Asimismo, la norma contempla la interoperabilidad obligatoria de cámaras privadas durante situaciones de conflicto armado no internacional y fija sanciones que incluyen multas de hasta 50 salarios básicos y la suspensión de sistemas por hasta 180 días ante accesos no autorizados o fallas de inscripción. En el ámbito penal, el proyecto introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal para castigar el uso ilícito de videovigilancia con penas de cinco a diez años de prisión, a la espera de que la Comisión de Seguridad redacte el informe para el primer debate en el pleno.
