El Gobierno español formalizó este martes el decreto que permitirá regularizar la situación administrativa de aproximadamente 500,000 personas extranjeras que ya residen en el país. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que esta decisión responde a una “coherencia ética”, exigiendo a los beneficiarios la ausencia de antecedentes penales para no comprometer el orden público. Esta medida surge tras el impulso de una iniciativa legislativa popular que contó con el respaldo de más de 600,000 firmas ciudadanas, logrando finalmente destrabar el bloqueo político que mantenía la propuesta en el Congreso desde inicios de año.
Desde Pekín, el presidente Pedro Sánchez calificó la iniciativa como un proceso de normalización para quienes ya contribuyen activamente en sectores clave como el cuidado de mayores y la agricultura. El mandatario subrayó que la incorporación de estos trabajadores es vital para sostener los servicios públicos y el sistema de pensiones frente al reto demográfico que enfrenta la nación. No obstante, la medida ha generado un fuerte rechazo en la oposición; mientras el Partido Popular tacha la regularización de “sinsentido”, la formación Vox ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, alertando sobre las consecuencias de la inmigración en el país.
