El Gobierno español concluyó este martes 30 de junio el plazo de solicitud para el proceso de regularización migratoria extraordinaria, registrando una cifra superior al millón de aspirantes, un volumen que duplicó las previsiones iniciales del Ejecutivo fijadas en medio millón de personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la medida señalando que este mecanismo incorpora formalmente a la sociedad a ciudadanos extranjeros que ya residían de forma efectiva en el país, otorgándoles plenos derechos y deberes laborales. El plan, implementado desde el pasado 16 de abril, estuvo dirigido a inmigrantes y solicitantes de asilo establecidos en España antes del 1 de enero, siempre que acreditaran cinco meses de permanencia continua y la ausencia de antecedentes penales.
La culminación de este proceso ha reavivado las posturas críticas de los partidos de oposición, como el Partido Popular y Vox, cuyos portavoces calificaron la gestión de desmedida y advirtieron sobre un potencial colapso en la infraestructura de los servicios públicos, la sanidad y la vivienda. Paralelamente, el conflicto político se ha trasladado al ámbito judicial tras la admisión de recursos interpuestos por los gobiernos regionales de Madrid, Valencia y Aragón; en este contexto, el Tribunal Supremo de España planteó formalmente la posibilidad de elevar una consulta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si el decreto vulnera el derecho comunitario, una postura ante la cual el Ministerio de Migraciones ha transmitido tranquilidad a los solicitantes, ratificando la plena legalidad y blindaje de la norma.
