España registró un total de 1,174,978 solicitudes de regularización de inmigrantes durante el proceso extraordinario implementado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, el cual estuvo vigente entre mediados de abril y el pasado 30 de junio. La cifra final, difundida en una rueda de prensa en Madrid por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, duplicó las estimaciones iniciales del Ejecutivo, que proyectaban beneficiar a alrededor de medio millón de personas. Según el balance oficial, la gestión administrativa avanza a paso firme con más de 600,000 solicitudes ya tramitadas. A partir de la entrega de la documentación, las autoridades competentes disponen de un plazo de tres meses para resolver cada expediente de manera definitiva y conceder, en los casos que corresponda, un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente dentro del territorio español.
El reporte estadístico reveló que dos tercios de las peticiones presentadas (67%) corresponden a ciudadanos originarios de América Latina, seguidos por un 22.9% de solicitudes procedentes del continente africano. En el desglose por países, Colombia se ubica como la nación con mayor representación al concentrar el 25.9% de los trámites, situándose por delante de Marruecos con el 13.3%, Venezuela con el 11.8% y Perú con el 8.8%. Respecto al perfil sociodemográfico de los solicitantes, el Ejecutivo detalló que se trata de una población mayoritariamente joven y masculina, donde ocho de cada diez personas tienen menos de 45 años y el 57% son hombres. Para aplicar a este beneficio, los interesados debieron certificar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida en el país al 1 de enero de 2026 y demostrar la ausencia de antecedentes penales.
Este plan extraordinario se ha convertido en el estandarte de la gestión de Pedro Sánchez, quien defiende un enfoque pragmático basado en una migración legal, segura y ordenada, marcando una clara distancia frente a las políticas de endurecimiento adoptadas por la mayoría de las naciones de la Unión Europea. La iniciativa ha recibido el respaldo del sector empresarial español debido a las dificultades de contratación que atraviesan actividades como la construcción, el turismo, el transporte y los cuidados. No obstante, la medida también ha profundizado la polarización política en el país, enfrentando el rechazo rotundo de la oposición liderada por el Partido Popular y la formación de extrema derecha Vox, quienes catalogaron la reforma como insostenible y denunciaron los riesgos de un descontrol migratorio.
