El Ministerio del Interior de España confirmó que, a partir de este viernes, el país dejará de otorgar y renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional. Esta decisión responde a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un paquete normativo que unifica las políticas fronterizas de la Unión Europea. La disposición anula el permiso especial implementado por el Gobierno español en 2018, el cual había permitido regularizar el estatus migratorio de aproximadamente 240.000 ciudadanos venezolanos cuyas solicitudes de refugio ordinario no prosperaban. Quienes posean este estatus actualmente deberán tramitar otras vías de regularización laboral o residencial, al quedar suspendidas las renovaciones y las reagrupaciones familiares bajo esta figura.
Con la implementación del reglamento europeo, España instaurará un procedimiento de protección internacional en frontera diseñado para resolver las solicitudes de los migrantes interceptados en intentos de entrada irregular en un plazo máximo de 12 semanas. Durante este periodo de evaluación, los peticionarios permanecerán en instalaciones específicas sin autorización de ingreso al territorio nacional, aunque las autoridades aclararon que no estarán privados de libertad. La denegación de la solicitud bajo este esquema fronterizo activará de manera automática los mecanismos de retorno y devolución, aplicando además exámenes acelerados para personas procedentes de naciones con tasas de reconocimiento de asilo iguales o inferiores al 20 % en el bloque europeo.
A pesar de endurecer los controles mediante un triaje común que recopilará datos biométricos en el sistema Eurodac para todos los ingresos irregulares, el Ejecutivo español reafirmó su enfoque garantista al mantener la asistencia jurídica obligatoria y la veeduría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Por otra parte, debido al flujo migratorio que recibe, España fue declarada ‘Estado miembro bajo presión migratoria’, estatus que le permitirá recibir compensaciones económicas y logísticas dentro del fondo de solidaridad obligatoria de la Unión Europea, cuyos detalles técnicos se definirán en Bruselas el próximo lunes 15 de junio. Finalmente, la cartera de Interior ratificó su rechazo definitivo a la creación de centros de retorno en terceros países por dudas sobre su legalidad internacional.
