El notable incremento de las extorsiones en el país impulsó reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) entre finales de 2022 y 2023, con las cuales se endurecieron las sanciones en rangos de 10 a 12 años de prisión, llegando incluso hasta penas de 22 a 26 años si el acto delictivo deviene en asesinato. El control de este flagelo social ha sido fijado como prioritario para la gestión gubernamental, tal como lo detalló el ministro del Interior, John Reimberg, al señalar que la extorsión es uno de los delitos que más se apunta a reducir de manera progresiva.
A pesar de las modificaciones legales, analistas y profesionales del ámbito penal consideran que el debate requiere una perspectiva más integral. El abogado penalista Kleber Siguencia advirtió que Ecuador posee un historial de incremento de penas para diversos delitos que no se ha traducido directamente en una disminución de los índices de criminalidad. A su criterio, la extorsión ha mutado hacia modalidades más violentas que incluyen artefactos explosivos y secuestros, por lo cual el desafío no radica únicamente en el texto de la ley, sino en optimizar los operadores de justicia, evitar fallas procedimentales en el COIP y estructurar verdaderas políticas estatales de prevención comunitaria.
En consonancia con este enfoque, el abogado penalista Nino Cassanello sostuvo que el eje de la estrategia para desmantelar estas estructuras criminales debe migrar hacia los controles tecnológicos y financieros. De acuerdo con sus análisis, cerca del 80 % de los pagos por extorsiones se canalizan a través de transferencias en el sistema bancario, registrándose incluso transacciones dirigidas a cuentas de personas privadas de la libertad. Por tal motivo, sugirió la necesidad de implementar bloqueos tempranos a operaciones inusuales que no correspondan al perfil del usuario, auditar las telecomunicaciones en líneas telefónicas internacionales y restringir el acceso financiero dentro de los centros penitenciarios para atacar de raíz el rédito económico de las bandas.
