La escalada de violencia en sectores como el Comité del Pueblo, Carcelén, Calderón y el valle de los Chillos ha motivado la firma del Decreto Ejecutivo 353, mediante el cual el presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción. La medida, que se extiende por 60 días en nueve provincias, incluye a Pichincha como zona prioritaria debido a informes de inteligencia que alertan sobre actuaciones fuera de la ley. Como complemento, se ha establecido un toque de queda obligatorio desde las 23:00 hasta las 05:00, el cual regirá inicialmente del 3 al 18 de mayo para facilitar operativos de control.
De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, el grupo armado organizado Los Lobos ha logrado establecerse en la mayoría de los cantones de la provincia, utilizando a Pichincha como un nodo logístico clave para el tráfico de armas y drogas. En Quito, la situación se describe como crítica durante este 2026, marcada por una pugna territorial entre las bandas Los Lobos, Choneros y Tiguerones. Las autoridades sostienen que la ubicación geográfica de la capital, al conectar la Costa con la Amazonía y el norte fronterizo, la vuelve vulnerable para el desplazamiento encubierto de sustancias ilícitas y armamento.
El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la aplicación del toque de queda en la provincia bajo la premisa de cortar de raíz la denominada pequeña economía criminal antes de que los índices de inseguridad se vuelvan incontrolables. Por su parte, expertos en seguridad sugieren que las acciones deben ir acompañadas de una focalización que evite la estigmatización de toda la ciudad, priorizando el control en zonas rosas, cachinerías y puntos de migración interna. Se espera que la coordinación entre el Gobierno Central y los municipios permita ejecutar un plan consensuado para recuperar el orden público.
