Estados Unidos ha endurecido su postura hacia Cuba al imponer sanciones directas al presidente Miguel Díaz-Canel, así como a dos ministros clave de su gabinete: Álvaro López Miera, titular de Defensa, y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior. Estas acciones, anunciadas por el Departamento de Estado, se justifican por la “participación en graves violaciones de derechos humanos” de estos funcionarios, y coinciden con el cuarto aniversario de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba.
Las sanciones implican la restricción de entrada a territorio estadounidense para estos “líderes clave del régimen” y para “numerosos funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos” a quienes se considera responsables de la “detención injusta y la tortura de los manifestantes”. Esta política de línea dura de Washington ha sido reafirmada por la administración del presidente republicano Donald Trump, quien busca mantener una postura firme hacia la isla comunista, buscando así presionar al gobierno cubano en materia de derechos humanos.
La Habana no tardó en reaccionar, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó su irritación ante las sanciones, calificándolas de “guerra económica prolongada y despiadada” por parte de Estados Unidos. Además de las restricciones migratorias, Washington actualizó su lista de lugares restringidos en Cuba, incluyendo once propiedades vinculadas al régimen, como la emblemática “Torre K” en La Habana. Esta medida busca evitar que dólares estadounidenses “financien la represión del régimen cubano”, mientras la población enfrenta escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad.
