El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye. Las medidas incluyen la congelación de activos en suelo estadounidense y la prohibición de entrada al país, bajo el argumento de que los funcionarios se involucraron en intentos de investigar o perseguir a ciudadanos de naciones que no reconocen la jurisdicción del tribunal. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la institución como un organismo politizado, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró la decisión de Washington en el contexto de las órdenes de arresto emitidas previamente contra altos cargos de su Gobierno por el conflicto en Gaza.
Por su parte, la Corte Penal Internacional rechazó categóricamente la postura de la Casa Blanca e indicó que las sanciones socavan directamente el Estado de derecho y ponen en riesgo el orden legal internacional. Diversos actores multilaterales, incluido el Gobierno de los Países Bajos —país donde se encuentra la sede del tribunal—, manifestaron su desaprobación a las acciones ejercidas contra la justicia internacional. A la par, el escenario judicial interno en Estados Unidos se ha reactivado mediante demandas impulsadas por organizaciones de derechos humanos, las cuales argumentan que estas restricciones vulneran derechos constitucionales y buscan anular los decretos emitidos por la administración.
