Ecuador enfrenta un incremento alarmante de denuncias por extorsiones, conocidas como “vacunas”, con más de 1,200 casos registrados en 2025, según la Policía Nacional. Estas amenazas, dirigidas principalmente a comerciantes, dueños de negocios y residentes, se concentran en Guayas, donde Guayaquil reporta el 60% de los incidentes. Los extorsionadores exigen pagos a cambio de supuesta protección, utilizando intimidación telefónica o presencial, incluyendo disparos a locales y viviendas.
Las autoridades señalan que bandas criminales organizadas, algunas vinculadas al narcotráfico, están detrás de esta ola de extorsiones. En un caso reciente en Durán, un comerciante recibió amenazas tras negarse a pagar 500 dólares mensuales, y su negocio fue atacado con disparos. La Policía ha detenido a 150 sospechosos en operativos este año, pero la reincidencia y la falta de condenas efectivas dificultan el control del problema. El fiscal general ha prometido endurecer las penas, pero los procesos judiciales avanzan lentamente.
Los ciudadanos, especialmente en sectores populares, reportan miedo constante, con muchos optando por pagar a los extorsionadores para evitar represalias. En Samborondón, una familia denunció haber recibido mensajes amenazantes tras negarse a entregar 2,000 dólares, lo que llevó a la intervención de la Unidad Antiextorsión. Sin embargo, la falta de recursos y la corrupción en algunos cuerpos de seguridad complican la respuesta estatal, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad.
El gobierno ha anunciado un plan integral que incluye mayor presencia policial en zonas críticas y una línea directa para denuncias anónimas. Sin embargo, expertos advierten que sin atacar las causas estructurales, como el desempleo y la influencia de redes criminales transnacionales, las extorsiones seguirán creciendo. En Guayaquil, las cámaras de comercio han solicitado medidas urgentes, incluyendo incentivos para que los ciudadanos denuncien sin temor a represalias.
Esta crisis de inseguridad está afectando la economía local y la confianza en las instituciones. Mientras las autoridades luchan por contener el problema, la población exige soluciones inmediatas para recuperar la tranquilidad. El aumento de las extorsiones refleja un desafío mayor para Ecuador, donde la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia coordinada y sostenida para evitar que el miedo domine a la sociedad.
