El 14 de mayo de 2025, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció a cuatro meses de prisión a Jorge Simón Peláez Jiménez, Jimmy Steven Jiménez Torres y Elena del Rosario Ortiz Pincay, familiares de la exasambleísta Bella Jiménez, por su participación en el delito de concusión, según reportó El Universo. Los tres, procesados como cómplices en el caso denominado “En Familia”, reconocieron los hechos durante una audiencia de procedimiento abreviado, lo que permitió reducir la pena original de tres a cinco años a solo cuatro meses. La exasambleísta, señalada como autora principal, enfrenta un proceso separado que aún no ha concluido.
Contexto del caso
Bella Jiménez, ex segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional por Izquierda Democrática (ID), fue destituida en octubre de 2021 tras un juicio político que comprobó, con 131 votos, que gestionó cargos públicos a cambio de dinero, violando la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La investigación, iniciada por denuncias de asambleístas de ID y Unión por la Esperanza (UNES), reveló que Jiménez exigió pagos de entre $2.500 y $6.000 por puestos en su despacho legislativo, utilizando a su hijo Jorge Peláez, su hermano Jimmy Jiménez y su cuñada Elena Ortiz como intermediarios. El caso, conocido como “En Familia”, expuso una red de cobros indebidos que involucró transferencias bancarias, cheques y comunicaciones interceptadas.
La Fiscalía General del Estado, liderada por Diana Salazar, abrió una investigación en abril de 2021, cuando Jiménez aún era asambleísta. El 8 de octubre de 2024, la exlegisladora y sus tres familiares fueron detenidos en Guayaquil tras allanamientos que incautaron celulares, memorias USB y computadoras. La audiencia de formulación de cargos, realizada en la CNJ, impuso medidas cautelares como grilletes electrónicos, prohibición de salida del país y retención de cuentas por $5.520 para garantizar multas, además de la prohibición de enajenar bienes por $20.000 para Jiménez y $10.500 para los cómplices.
Detalles de los hechos
Según la Fiscalía, Jiménez abusó de su cargo para exigir pagos a cambio de empleos en la Asamblea. Un caso emblemático involucró a Pablo Luna Fuentes, quien transfirió $3.000 el 27 de abril de 2022 a la cuenta de Jorge Peláez, hijo de Jiménez, para obtener un puesto como asesor nivel 2. Tras el pago, Jiménez solicitó su contratación a la Presidencia de la Asamblea, y Luna fue vinculado laboralmente.
Otro incidente involucró a Scarlett Lindao, exasistente administrativa, quien pagó $2.500 mediante un cheque cobrado por Jimmy Jiménez, como parte de los $6.000 exigidos por un cargo de asistente 2. Elena Ortiz, cuñada de Jiménez, contactó a Lindao para coordinar el pago, prometiendo que el resto se consignaría tras la contratación. Sin embargo, Lindao fue despedida dos meses después sin explicación. La Fiscalía presentó pruebas como certificados bancarios, interceptaciones telefónicas, informes periciales y testimonios que confirmaron las transacciones ilícitas.
Un tercer implicado, Eduardo A., exconviviente de Jiménez, fue vinculado al caso el 30 de diciembre de 2024. La Fiscalía alegó que tuvo conocimiento de las acciones ilegales y recibió un vehículo de una víctima sin cumplir el pago acordado. Eduardo enfrenta medidas cautelares similares, y su instrucción fiscal durará 120 días.
Procedimiento abreviado y sentencia
Los familiares de Jiménez optaron por un procedimiento abreviado, admitiendo su culpabilidad a cambio de una pena reducida. El juez Marco Rodríguez, de la CNJ, aceptó el acuerdo y sentenció a Jorge Peláez, Jimmy Jiménez y Elena Ortiz a cuatro meses de prisión, la mínima establecida para el delito de concusión en calidad de cómplices. La resolución incluyó el cumplimiento de la pena en un centro de reclusión en Quito, dado que los procesados ya llevaban varios meses bajo medidas cautelares. La Fiscalía destacó que la condena refleja la solidez de las pruebas, que incluyeron 59 elementos de convicción, como transferencias bancarias y comunicaciones interceptadas.
Bella Jiménez, en cambio, no se acogió al procedimiento abreviado y enfrenta un proceso penal independiente como autora directa del delito, que podría derivar en una pena de tres a cinco años de cárcel, según el artículo 281 del COIP. Su caso sigue en la fase de instrucción fiscal, extendida por 90 días desde octubre de 2024.
Antecedentes y repercusiones
El caso de Jiménez no es aislado. Otras exasambleístas, como Karina Arteaga y Nívea Vélez, también enfrentaron procesos por concusión relacionados con “diezmos” o cobros indebidos a colaboradores. Arteaga fue juzgada en 2022 por exigir pagos a su equipo, mientras Vélez enfrentó una audiencia preparatoria en 2021 por similares acusaciones. Estos casos evidencian una problemática recurrente en la Asamblea Nacional, donde el abuso de poder para gestionar cargos ha sido denunciado repetidamente.
En 2021, Jiménez negó las acusaciones, alegando una “persecución política” y responsabilizando a asesores por usar su nombre. Sin embargo, el Comité de Ética de la Asamblea recomendó su destitución tras confirmar que los pagos, como los $2.500 de Lindao, estaban ligados a tratamientos estéticos personales, según declaraciones de testigos. La ID, partido que la respaldó inicialmente, la expulsó y admitió un error en su postulación, prometiendo mayor rigurosidad en la selección de candidatos.
La destitución de Jiménez marcó un precedente, pero las críticas persisten sobre la impunidad en casos de corrupción legislativa. La condena de sus familiares, aunque con una pena mínima, refuerza la lucha de la Fiscalía contra el abuso de poder, en un contexto de creciente violencia y cuestionamientos al sistema político ecuatoriano. El caso también resalta la vulnerabilidad de instituciones públicas ante la influencia de redes familiares en la gestión de cargos, según analistas.
Reacciones y contexto político
La sentencia llega en un momento de alta tensión política, tras la reciente entrega de credenciales a Daniel Noboa y María José Pinto como presidente y vicepresidenta para 2025-2029. La consolidación de ADN en la Asamblea, con la elección de Anabella Azín como presidenta, contrasta con la exclusión del correísmo de cargos directivos, lo que podría influir en la percepción pública del caso Jiménez, dado su origen en denuncias de ID y UNES.
En redes sociales, usuarios han expresado indignación por la pena mínima de los cómplices, considerando que no refleja la gravedad del delito. Otros destacan la importancia de la condena como un paso contra la corrupción, aunque cuestionan por qué Jiménez aún no ha sido sentenciada. La Fiscalía, por su parte, mantiene su compromiso de procesar a todos los involucrados, mientras el caso “En Familia” sigue generando debate sobre la transparencia en la política ecuatoriana.
