La Fiscalía General del Estado inició una indagación previa contra 21 personas por el presunto delito de peculado, debido a supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados al mantenimiento y administración del Metro de Quito. Los investigados, entre los que se encuentran exfuncionarios, técnicos de la obra y representantes de los consorcios a cargo de la infraestructura, han sido citados a rendir su versión libre y voluntaria los próximos 24 y 26 de junio de 2026. Entre los nombres convocados destacan el exgerente de la entidad, Efraín Bastidas Zelaya, el actual funcionario Juan Carlos Parra y directivos jurídicos, al tiempo que la entidad judicial dispuso la recolección de sus movimientos migratorios y datos registrales.
La apertura de esta causa penal tiene su origen en múltiples denuncias presentadas por concejales y el asambleísta de la bancada oficialista ADN, Xavier Ordóñez, quien inició un proceso de fiscalización tras acceder a más de 4000 páginas de documentación técnica interna. De acuerdo con los informes analizados, el sistema ferroviario —que costó 2107 millones de dólares y traslada a más de 151000 usuarios al día— presenta un desgaste crítico y prematuro en sus rieles, pérdida del perfil de la vía, soldaduras defectuosas y desprendimiento de material. Estas afectaciones de infraestructura, que según el legislador ya son de conocimiento del alcalde Pabel Muñoz, pondrían en riesgo la operación futura y motivaron las sospechas de mal manejo en los contratos de perfilado de emergencia y asistencia técnica.
