La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) enfrenta un nuevo escándalo tras la intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional en sus oficinas para investigar un presunto delito de peculado. Según las primeras indagaciones, una red de funcionarios habría operado durante más de diez años alterando los valores de las planillas de consumo para favorecer a determinados clientes, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado estimado en 300 millones de dólares. Las autoridades también han puesto bajo la lupa a servidores de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y de la Empresa Eléctrica Centro Sur, instituciones que habrían formado parte de este entramado de corrupción administrativa y comercial.
Expertos del sector eléctrico señalan que este caso es el reflejo de fallas estructurales que arrastra la entidad desde su creación, vinculadas a un manejo centralizado que ha permitido el uso de las distribuidoras como botines políticos. Datos oficiales de 2025 revelan que CNEL concentra el 94 por ciento de las pérdidas de energía no técnicas del país, derivadas de una gestión deficiente, facturaciones incorrectas y fraudes en los sistemas de medición. Ante esta crisis, gremios de ingenieros sugieren una reestructuración profunda que incluya perfiles técnicos en la directiva y el uso de plataformas tecnológicas blindadas contra manipulaciones para recuperar la transparencia en el servicio que reciben casi tres millones de abonados.
