El polémico “Caso Apagón”, que investiga la fallida contratación de nueva generación eléctrica durante la emergencia de 2024, ha dado un giro judicial que genera fuertes cuestionamientos. Mientras la Fiscalía excluyó al actual ministro de Transporte, Roberto Luque, de la formulación de cargos por peculado, decidió procesar al exministro de Energía, Antonio Goncalves. La investigación gira en torno a los contratos con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management, que recibieron millonarios anticipos sin entregar la energía prometida. Los hallazgos revelan que Progen recibió USD 110 millones a cambio de motores oxidados de hace 60 años, fondos que terminaron dilapidados en cuentas personales en Florida.
Roberto Luque es señalado por diversos sectores como el “arquitecto” de esta emergencia. Documentos y correos confirman que, bajo su encargo en el Ministerio de Energía, impuso un control previo absoluto sobre las contrataciones y viajó personalmente a Florida para validar las instalaciones de Progen. Pese a estas evidencias y a que su patrimonio creció un 10% en el cargo, la Fiscalía determinó que no existen elementos para procesarlo. Por el contrario, Antonio Goncalves, quien solo estuvo tres meses en la cartera y asegura haber heredado procesos ya cerrados, enfrenta un juicio que califica de “infamia”, destacando que su patrimonio incluso decreció durante su corta gestión.
