El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, cuestionó públicamente una serie de adjudicaciones realizadas por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) de Quito a proveedores vinculados entre sí, las cuales suman cerca de $64 millones. A través de una intervención en video, Neira cuestionó los mecanismos de control aplicados por la administración del alcalde Pabel Muñoz para evitar una posible concentración de obras públicas, llamando a determinar si existió negligencia o un favorecimiento intencional. Por su parte, la directora del Sercop, Nataly Avilés, confirmó la detección de un patrón recurrente entre marzo y septiembre de 2026, así como antecedentes de 2024 donde un solo contratista obtuvo $17,4 millones mediante diversas figuras jurídicas, presuntamente mientras mantenía obras pendientes de entrega.
Las irregularidades señaladas ya escalaron al ámbito judicial tras la intervención de la Secretaría de Integridad Pública. Doménica Bajaña, titular de dicha entidad, confirmó que el concejal Michael Aulestia formalizó dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presunto peculado y lavado de activos, las cuales se alinean con hallazgos previos de la Contraloría General del Estado sobre indicios de responsabilidad penal. Aunque Neira aclaró que la conformación de consorcios o sociedades no es un delito en sí mismo, enfatizó que corresponderá a las autoridades determinar si se manipularon estas estructuras para vulnerar la ley.
Desde los organismos de control se ratificó el compromiso de vigilar el uso adecuado de los fondos del Estado en los procesos municipales de Quito. Avilés remarcó que el Sercop mantendrá la supervisión sobre los contratos de la empresa pública capitalina para remitir los informes pertinentes a las entidades investigadoras. Al cierre de su pronunciamiento, el Ejecutivo insistió en que la gestión municipal debe rendir cuentas con total transparencia, recordando que ningún funcionario público se encuentra por encima del ordenamiento legal ni de la custodia responsable de los recursos de la ciudadanía.
