Este miércoles 21 de enero de 2026, el Gobierno Nacional dio un paso firme en su estrategia de seguridad y protección social. La vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, entregaron a la bancada oficialista ADN el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta, que contiene 44 artículos y reforma 11 cuerpos legales —incluyendo el COIP y el Código de la Niñez—, busca desarticular los mecanismos que utilizan las bandas de delincuencia organizada para convertir a los menores en escudos legales y operativos.
El ministro Reimberg enfatizó que las estructuras criminales han explotado la condición jurídica de los niños para evadir responsabilidades penales. Por ello, la reforma endurece las sanciones para los adultos responsables y amplía el catálogo de agravantes. Una de las innovaciones más destacadas es la inclusión del reclutamiento y la extorsión en el régimen de denuncia con reserva de identidad (artículo 430 del COIP), permitiendo que la ciudadanía denuncie estos hechos sin temor a represalias, fortaleciendo así la capacidad de investigación del Estado.
La vicepresidenta Pinto señaló que esta ley es una “apuesta por la paz”, centrada en la prevención y el acompañamiento humano. El proyecto no solo aborda el castigo penal, sino que fortalece la rectoría del Sistema Nacional de Protección Integral para detectar riesgos de forma temprana en escuelas y comunidades. Esta iniciativa responde al cumplimiento del Decreto Ejecutivo 21 emitido el 5 de junio de 2025, integrando el trabajo de las 13 instituciones que conforman el COPRUNA para ofrecer una respuesta estatal articulada frente a lo que hoy se considera una amenaza directa a la seguridad del Estado.
