El oficialismo, liderado por el presidente Daniel Noboa, insiste en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mediante un referéndum, aunque no ha iniciado el trámite formal pese a contar con mayoría legislativa. La vocera de Carondelet reiteró el 30 de junio que el tema se resolverá en las urnas.
Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, aclaró que la Corte Constitucional definió en 2019 que la eliminación requiere una reforma parcial, con dictamen de admisibilidad, aprobación legislativa por 77 votos y referéndum. El proceso, que incluye debates y plazos de 6-7 meses, no alcanzaría para 2025 si no comienza pronto.
Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, subrayó que el Gobierno debe actuar rápido para aprovechar su mayoría en la Asamblea. Advirtió sobre el riesgo de deslegitimar a la Corte Constitucional con acusaciones de conspiración, lo que podría dañar la institucionalidad del proceso.
El trámite exige una comisión legislativa, dos debates con 90 días de diferencia y un referéndum convocado en 45 días. Aunque factible, el éxito depende de la voluntad política del Gobierno y de evitar retrasos en un contexto donde su capital político podría debilitarse.
