El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el presidente de la República, Daniel Noboa, disponerá un nuevo toque de queda que regirá del 1 al 10 de noviembre de 2026 en cinco provincias de la Costa ecuatoriana. El anuncio fue realizado la madrugada de este jueves 15 de octubre tras la culminación de un operativo policial contra la estructura criminal Comandos de Frontera. La lista de jurisdicciones bajo la medida abarca a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, sumándose esta última al polígono de restricción aplicado en la jornada previa emitida entre el 17 y el 30 de septiembre. Aunque las autoridades no precisaron el horario exacto de la limitación vehicular y peatonal, señalaron que la disposición busca blindar el desarrollo de incursiones tácticas de la fuerza pública sin riesgos de daños colaterales.
Las restricciones a la libre circulación forman parte de un plan operacional diseñado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para intervenir zonas con alta incidencia delictiva. Según el titular de la cartera del Interior, la medida preventiva permitirá desplegar maniobras de inteligencia e interdicción de manera focalizada para neutralizar a grupos de delincuencia organizada. El endurecimiento de los controles en el litoral ecuatoriano coincide con la ejecución de investigaciones operativas orientadas a desarticular cadenas logísticas, corredores de tráfico ilícito y redes de financiamiento criminal en puntos estratégicos del país.
En el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad, Reimberg ratificó que el próximo 29 de octubre se concretará la extradición hacia Estados Unidos de Daniel Salcedo, procesado por actos de corrupción, y de Ronald Herrera, exmiembro policial condenado por lavado de activos. Asimismo, el funcionario adelantó que se alista un posterior grupo de extraditables que incluirá a Roberto Álvarez, alias “Gerente”, identificado como cabecilla de los Comandos de Frontera. Las autoridades enfatizaron que los procesos de extradición continuarán ejecutándose de manera coordinada con Washington para los ciudadanos procesados por delitos de alcance transnacional.
