El sistema de transporte público convencional de Quito se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la paralización del servicio registrada el pasado 5 de mayo. Este hecho motivó la apertura de mesas de diálogo entre el gremio de transportistas, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía para evaluar la situación del sector y un eventual incremento del pasaje, congelado en 35 centavos de dólar desde hace varios años. Mientras los usuarios continúan denunciando la mala calidad del servicio, reflejada en el irrespeto a las leyes de tránsito por parte de conductores y en el avanzado estado de deterioro de las unidades, la discusión municipal ha comenzado a inclinarse hacia la modernización tecnológica y la viabilidad de incorporar unidades 100% eléctricas.
Edwin Cueva, vocero de la Cámara de Transporte de Quito, manifestó que el sector no se opone a la migración de buses de combustión interna a modelos eléctricos, pero advirtió que la capital carece de la infraestructura pública necesaria para sostener este cambio. Según los análisis financieros del gremio, la implementación de flotas eléctricas demandaría la construcción masiva de patios de carga y estaciones de reabastecimiento rápido que permitan alimentar los vehículos durante la noche, un proceso que toma un promedio de seis horas. Asimismo, Cueva enfatizó que se requiere la intervención directa de la Empresa Eléctrica para repotenciar la red de energía pública y cuestionó la viabilidad del proyecto ante la actual inestabilidad del suministro eléctrico nacional y el impacto de los apagones programados en el servicio urbano.
A las limitaciones de infraestructura se suman los elevados costos económicos del reemplazo vehicular. El equipamiento de un bus eléctrico básico está valorado en unos 250000 dólares, una cifra que se eleva hasta los 300000 dólares si se consideran las unidades con baterías de alta sostenibilidad indispensables para cubrir las rutas con pendientes pronunciadas hacia las faldas del Pichincha. El dirigente gremial también puntualizó que, bajo el esquema actual, el costo operativo de la energía por kilómetro recorrido triplica el gasto del combustible diésel tradicional. Ante este escenario, los transportistas solicitaron que las autoridades fijen metas de renovación progresiva hacia el año 2030 para estructurar tarifas de pasaje adecuadas y sostenibles.
Por su parte, expertos en movilidad urbana consideran que la renovación de la flota de buses no resolverá los problemas estructurales del transporte en la capital si no se reforma primero el modelo de gestión integral. El consultor César Arias señaló que la modernización tecnológica resulta inviable a gran escala sin la implementación definitiva de tarjetas inteligentes de recaudo, sistemas de control de frecuencias por satélite y una fiscalización rigurosa de los recorridos de las 64 cooperativas operantes. Arias concluyó que, debido a los altos costos de los vehículos eléctricos, la transición dependerá obligatoriamente de subsidios públicos estables, un escenario que ve lejano debido a la falta de consenso y voluntad política entre la municipalidad y el gobierno central.
