La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) manifestó este miércoles su profunda preocupación ante la implementación de un nuevo impuesto a los boletos aéreos internacionales decretado por el Gobierno Nacional, advirtiendo sobre el impacto negativo que esto podría acarrear para el crecimiento del sector, la conectividad y el desarrollo económico general. A través de un comunicado emitido en respuesta al Decreto 0625 de 2026, expedido por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, el gremio analizó la medida que fija una tasa equivalente a un dólar tanto para pasajeros nacionales como extranjeros al momento de adquirir pasajes al exterior, con el fin de financiar planes de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial y la pornografía infantil en menores de edad.
La presidenta de Anato, Paula Cortés, enfatizó que, aunque comparten plenamente la urgencia de proteger a la niñez, los pasajes aéreos en el país ya soportan una carga impositiva importante que incluye un IVA del 19 %. La dirigente gremial argumentó que este tipo de propósitos sociales deben alcanzarse mediante mecanismos articulados por las entidades competentes sin traspasar mayores costos a los viajeros ni sumar obligaciones operativas a las empresas del sector turístico. Asimismo, recordó que la legislación actual, específicamente la Ley 1101 de 2006, ya contempla instrumentos normativos y sectoriales para financiar políticas de prevención y sensibilización ante esta problemática, haciendo cuestionable la necesidad de un nuevo cobro.
Con el fin de mitigar las repercusiones en el turismo colombiano y mantener una postura constructiva, Anato reiteró la necesidad de revisar la estructura impositiva actual, insistiendo en la propuesta de establecer una tarifa del IVA reducida al 5 % para los boletos aéreos y demás servicios de la cadena turística. Cortés concluyó señalando que el sector mantiene su compromiso firme para erradicar los delitos contra los menores, pero buscará vías de diálogo para que las normativas establecidas no terminen por desincentivar el tránsito de pasajeros ni generen sobrecargos adicionales que resten competitividad a los destinos de la nación frente al mercado internacional.
