Dos años después de la implementación de la ordenanza que permitió la instalación de portones metálicos en Guayaquil, el Concejo Cantonal analiza una reforma enfocada en la gestión de desperdicios dentro de estas zonas. Sectores como la Atarazana, la Garzota y Samanes, que apostaron por el cerramiento de calles peatonales ante la inseguridad, deberán adaptarse a nuevas reglas para evitar la acumulación de montículos de basura en los exteriores de las rejas. El proyecto surge tras detectarse dificultades para el ingreso del personal de aseo, lo que ha generado problemas de salubridad y convivencia en diversos puntos del Puerto Principal.
La reforma establece que las comunidades organizadas deberán colocar dos contenedores móviles de 360 litros por cada grupo de 20 viviendas: uno negro para desechos comunes y uno azul para materiales reciclables. Estos tachos deberán situarse en los ingresos de los portones sin obstruir el paso peatonal o de emergencia. El incumplimiento de esta disposición se calificará como falta leve, con multas que oscilan entre el 20 % de un salario básico ($ 96,40) y un salario completo ($ 482) en caso de reincidencia. Una vez aprobada la normativa, los barrios tendrán un plazo de dos meses para adquirir el equipo y organizar la separación de residuos desde el origen.
La propuesta ha generado opiniones divididas entre los residentes del norte de la urbe. Mientras algunos ciudadanos consideran que la medida fomentará el orden y la limpieza, otros expresan preocupación por el gasto adicional que representa la compra de los contenedores y el riesgo de robo de los mismos. En sectores como Ficoa de Montalvo, los vecinos advierten que la financiación de estos implementos podría generar nuevos conflictos internos, por lo que solicitan una difusión clara de la ley por parte de la Dirección General de Justicia y Vigilancia para evitar confusiones sobre la obligatoriedad del proceso.
