Un grupo de residentes de La Aurora, perteneciente al cantón Daule, ha comenzado a articular reuniones, socializaciones y acercamientos vecinales con el objetivo de impulsar un proyecto que convierta a esta parroquia urbana en un nuevo cantón. Los líderes de la iniciativa argumentan que la propuesta responde a necesidades urgentes de desarrollo planificado frente al acelerado crecimiento demográfico y comercial de la zona, el cual estiman que supera los 200.000 habitantes. Santiago Coello, presidente de Comunidad La Aurora, enfatizó que no se trata de un capricho político sino de una necesidad de justicia administrativa, destacando que la localidad está por cumplir 25 años de creación, con lo cual supera ampliamente el mínimo de antigüedad y población exigido por la ley.
A pesar del entusiasmo de los moradores, el proceso legal para alcanzar la cantonización es complejo y requiere cumplir con estrictas normativas contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. De acuerdo con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la creación de un cantón debe realizarse mediante ley y es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, previo cumplimiento de requisitos como informes técnicos del INEC y del Comité Nacional de Límites Internos, además de una consulta popular vinculante. Aunque los impulsores aún no definen una fecha para presentar formalmente el expediente, las mesas de trabajo avanzan en la recopilación de datos para sustentar la viabilidad territorial del proyecto.
Por su parte, analistas jurídicos y exautoridades advierten que el principal escollo radica en la factibilidad económica y el impacto financiero que sufriría Daule al perder este motor productivo. Leonel Fuentes, decano de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, explicó que la propuesta debe demostrar solvencia para sostener una estructura administrativa propia y garantizar servicios públicos eficientes. Asimismo, los expertos señalan que si se opta por la vía de la iniciativa ciudadana mediante la recolección de firmas, el trámite ante los organismos electorales podría demorar varios años, por lo que sugieren no descartar otras alternativas como el fortalecimiento de esquemas de administración metropolitana.
