Un operativo de las Fuerzas Armadas del Ecuador permitió el hallazgo de un túnel subterráneo construido con fines ilícitos, en las inmediaciones de la estación El Chorrillo, a la altura del kilómetro 17 de la vía Guayaquil–Daule, una zona clave para la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) operada por Petroecuador.
La estructura, que permanecía oculta bajo la maleza, tiene una extensión aproximada de 10 metros de largo por 70 centímetros de ancho, y habría sido excavada para conectarse de manera ilegal con el poliducto estatal, con el objetivo de sustraer combustible de forma clandestina.
Durante la inspección del sitio, los uniformados encontraron restos de comida, botellas plásticas y herramientas rudimentarias, lo que evidenciaría que los responsables llevaban semanas trabajando de forma encubierta en el lugar. De acuerdo con fuentes militares, la construcción estaba en su etapa final y a punto de ser activada, aunque aún no se había logrado enlazar con el sistema de válvulas del ducto.
Este caso marca un precedente en la provincia del Guayas, ya que se trataría del primer túnel horizontal detectado en la región vinculado al robo de hidrocarburos. Las investigaciones preliminares apuntan a que los delincuentes pretendían enlazar la excavación con el sistema de drenaje subterráneo bajo la carretera, lo que les habría permitido continuar la perforación hacia las tuberías de combustible sin ser detectados.
Hasta el momento, las técnicas empleadas por estas bandas se basaban en perforaciones verticales desde la superficie. Sin embargo, este nuevo método, que se asemeja al trabajo de “topos”, representa un avance peligroso en el modus operandi de estas organizaciones criminales, al operar bajo tierra y eludir sistemas de vigilancia aérea como drones y satélites.
Las autoridades no descartan que este túnel forme parte de una red mayor de extracción ilegal, y ya se han iniciado investigaciones judiciales para identificar a los responsables. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y Petroecuador han reforzado la seguridad en las áreas sensibles del sistema de distribución, ante el creciente riesgo de ataques a la infraestructura energética del país.
