El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que el proceso de contratación masiva, impulsado por la administración de Donald Trump, ha permitido la incorporación de agentes con perfiles cuestionables. Con una asignación de 75,000 millones de dólares para deportaciones a gran escala, la agencia busca duplicar su personal; sin embargo, la rapidez del reclutamiento ha derivado en la contratación de individuos con antecedentes de bancarrota, despidos prematuros en academias policiales y acusaciones graves de abuso de autoridad.
Una investigación de The Associated Press identificó casos alarmantes, como el de un agente recientemente procesado por apuntar con su arma a civiles en una autopista y otro que fue contratado pese a haber falseado reportes policiales en empleos anteriores para encarcelar a personas inocentes. Expertos en seguridad advierten que la falta de una verificación de antecedentes rigurosa no solo incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos, sino que también expone a la agencia a futuras responsabilidades civiles y legales. Aunque el ICE defiende la integridad de su nueva fuerza laboral, los incidentes de uso de fuerza excesiva han comenzado a generar críticas sobre la capacitación y ética de los nuevos reclutas.
