El proyecto de ley “One Big Beautiful Bill”, aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 22 de mayo de 2025 con 215 votos a favor y 214 en contra, incluye un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por no ciudadanos, reducido del 5% inicial tras negociaciones. Si el Senado, de mayoría republicana, lo aprueba antes del 4 de julio de 2025, el gravamen entraría en vigor el 1 de enero de 2026, afectando a más de 40 millones de migrantes, incluidos residentes permanentes y titulares de visas como H-1B, H-2A y H-2B, pero eximiendo a ciudadanos estadounidenses. En Ecuador, donde el 74% de las remesas ($4,804.1 millones en 2024) provienen de EE. UU., el impuesto generaría un costo adicional de unos $168.14 millones, según datos del Banco Central del Ecuador.
El impuesto, parte de un paquete fiscal de mil páginas, busca financiar recortes tributarios y aumentar el gasto en seguridad fronteriza y defensa, pero incrementaría el déficit federal en $2.4 billones en una década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). La urgencia por aprobarlo responde a la necesidad de elevar el techo de la deuda federal antes de agosto de 2025 para evitar un default. El Senado, con un debate limitado a 20 horas y aprobación por mayoría simple, enfrenta presiones para resolverlo rápidamente, aunque no hay un plazo obligatorio. Analistas prevén que, de aprobarse, el costo adicional por enviar $1,000 sería de $35, más comisiones de $5 a $10, elevando el total a entre $40 y $45 por transacción.
La medida ha generado preocupación entre migrantes ecuatorianos, mexicanos y centroamericanos, cuyas familias dependen de las remesas. En Ecuador, estas representaron $6,539.8 millones en 2024, un 20.1% más que en 2023, con un promedio de $315.6 por giro. El 57.7% se canaliza por bancos, 39.4% por remesadoras y 2.9% por cooperativas. Economistas advierten que el impuesto podría reducir los envíos o impulsar canales informales, como criptomonedas, aumentando riesgos de fraude y pérdida de trazabilidad fiscal. México, que recibió $63,300 millones en 2023, ha calificado la medida como “discriminatoria” y violatoria de tratados de no doble tributación, con senadores y el embajador Esteban Moctezuma cabildeando contra su aprobación.
La oposición demócrata en el Senado y países como México argumentan que el impuesto afectará a las familias más vulnerables y desestabilizará los canales financieros regulados. La delegación mexicana, liderada por Ignacio Mier, se reunió con el Caucus Hispano y legisladores como Tim Kaine, pero reconoce un margen estrecho para frenar la iniciativa. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los migrantes mexicanos aportan $2.1 billones al PIB estadounidense, y un impuesto podría reducir su consumo en $100,000 millones. En Ecuador, el impacto se sentiría en provincias como Azuay y Cañar, donde las remesas sostienen hasta el 20% del ingreso familiar. Algunos analistas sugieren que los migrantes asumirían el costo para no afectar a sus familias, pero otros prevén una caída en los envíos.
El proyecto, que también extiende exenciones fiscales de 2017 y elimina incentivos de energía verde, enfrenta críticas por recortar programas como Medicaid, afectando a 8.7 millones de personas, según la CBO. La presión republicana por aprobarlo antes del Día de la Independencia refleja la agenda de Trump, pero modificaciones en el Senado podrían retrasar o alterar la ley. Mientras, migrantes y gobiernos latinoamericanos buscan estrategias como plataformas financieras binacionales para mitigar el impacto. En X, usuarios como @atiemponot y @BegoniaStereo reportan el avance del proyecto, generando alarma entre comunidades migrantes que temen por el sustento de sus familias.
