En 2024, Ecuador recibió un récord de $6,539.8 millones en remesas, de los cuales el 73.5% ($4,804.1 millones) provino de Estados Unidos, según el Banco Central del Ecuador. Un proyecto de ley impulsado por Donald Trump, aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de mayo de 2025, propone un impuesto del 3.5% a remesas enviadas por no ciudadanos estadounidenses, lo que afectaría significativamente a ciudades ecuatorianas con alta recepción de estos fondos. Si el Senado aprueba la medida, entrará en vigor el 1 de enero de 2026, impactando a migrantes con green cards, visas temporales, estudiantes con visa F-1 y personas en situación irregular.
Las diez ciudades ecuatorianas que más remesas reciben, y por ende más pagarían por este impuesto, son Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Machala, Loja, Santo Domingo, Portoviejo, Azogues y Riobamba. Guayaquil lidera con el 36.7% del total ($2,396.7 millones), seguida por Quito con $1,121.4 millones y Cuenca con $673.7 millones. Estas cifras reflejan la dependencia de estas urbes del dinero enviado desde EE. UU., que representa el 3.85% del PIB ecuatoriano. El impuesto podría generar una carga adicional de $168 millones para los migrantes ecuatorianos.
El proyecto, parte del “One Big Beautiful Bill”, busca financiar gastos federales estadounidenses mediante recortes fiscales y medidas migratorias. En Ecuador, el impuesto encarecería los envíos, que ya tienen costos de $5 a $10 por cada $1,000 a través de remesadoras como Western Union o Xoom. Expertos como William Murillo, de 1-800 Migrante, advierten que podría impulsar canales informales o criptomonedas para evadir el tributo, afectando la transparencia de las transferencias. Economistas prevén una posible reducción del 2% en las remesas ($130 millones), impactando el consumo y la microeconomía local.
La migración ecuatoriana a EE. UU., intensificada desde los años 50 y durante la pandemia, ha hecho de las remesas un pilar económico, superando incluso las exportaciones a ese país. En 2024, se registraron 20.7 millones de giros, un 19.7% más que en 2023. Las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay concentran la mayoría de los envíos, con Guayaquil recibiendo el 58% a través de bancos, 39% por remesadoras y 3% por cooperativas. El impuesto podría agravar la situación de familias que dependen de estos fondos para educación, salud y alimentación.
La incertidumbre sobre la aprobación del Senado genera preocupación entre los migrantes y sus familias. Economistas como Juan Sebastián Naranjo advierten sobre una menor capacidad de consumo, mientras otros, como Marcelo Varela, creen que la migración continua podría mantener el flujo de remesas. La comunidad ecuatoriana espera un pronunciamiento oficial del gobierno de Daniel Noboa para mitigar el impacto, mientras las ciudades más afectadas se preparan para un posible encarecimiento de los envíos que sostienen a miles de hogares.
