El juez Jairo García, de la Unidad Penal especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, convocó para las 09:00 del viernes 12 de junio de 2026 a la audiencia de recepción del testimonio anticipado de José C., el ciudadano cuya denuncia formal dio origen a las investigaciones del denominado caso Goleada. La diligencia judicial de alta relevancia se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad en la cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito.
La comparecencia anticipada fue gestionada formalmente el pasado 3 de junio por el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Dennis Villavicencio, con la finalidad de asegurar y perennizar una de las pruebas testimoniales más críticas del proceso. Debido a la sensibilidad de la información y al nivel de riesgo, la Fiscalía General del Estado ratificó que José C. cuenta con la condición legal de testigo protegido y se encuentra bajo el resguardo directo del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT).
En el caso Goleada se investiga una presunta estructura delictiva dedicada al lavado de activos, la cual estaría encabezada por el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y miembros de su círculo familiar íntimo. Hasta el momento, el proceso penal —que permanece en la etapa de instrucción fiscal— mantiene a 28 personas naturales y jurídicas formalmente procesadas. Las indagaciones apuntan a determinar la red de responsabilidades de un entramado empresarial que operaría en el país desde el año 2021.
De acuerdo con la tesis que sostiene la Fiscalía, la cual motivó la reformulación de cargos el pasado 14 de mayo, el grupo corporativo y familiar adquiría masivos volúmenes de diésel subsidiado por el Estado ecuatoriano, cuyo destino legal obligatorio era el despacho a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, el combustible era presuntamente desviado de forma fraudulenta hacia embarcaciones internacionales. Con las millonarias ganancias ilícitas generadas por este contrabando, los implicados habrían constituido empresas de papel domiciliadas en Panamá para simular obligaciones comerciales, omitir ingresos reales y ocultar el origen del dinero, causando un grave perjuicio económico a las arcas estatales.
