La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional avanza en la investigación dispuesta por el pleno para fiscalizar presuntos incrementos patrimoniales no justificados en alcaldes y prefectos del país. El presidente de la mesa legislativa, Cristian Benavides, confirmó la existencia de aproximadamente 106 alertas patrimoniales que deberán ser evaluadas, contrastadas y clasificadas antes de la emisión del informe final. El legislador enfatizó que la revisión se realizará caso por caso, considerando que ciertas variaciones patrimoniales podrían estar respaldadas por actividades empresariales o ingresos privados legítimos de los funcionarios.
Para estructurar la depuración del expediente, la mesa planteó un esquema de semaforización que clasificará las alertas según su severidad e inconsistencias. Los casos calificados en rojo corresponderán a autoridades cuyos patrimonios registraron incrementos millonarios en periodos breves sin justificación aparente, mientras que en verde se analizarán situaciones como la ausencia inusual de gastos declarados. Asimismo, el análisis abarcará casos atípicos de reducción significativa de bienes en el último año. Todo el proceso cuenta con el cruce de información proveniente de la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y la revisión de denuncias ciudadanas recibidas por canales digitales.
Debido al carácter confidencial de los datos financieros y tributarios remitidos por los organismos de control, la comisión resolvió declarar la reserva de sus sesiones de análisis, evaluando si el pleno legislativo levantará dicho sigilo al conocer el informe definitivo. La mesa parlamentaria mantendrá además coordinación con el Ministerio de Gobierno y formulará requerimientos a la UAFE para consolidar el expediente. La fecha límite para la entrega del informe final está fijada para el 27 de septiembre, previéndose un borrador inicial para el 15 de este mes, previa remisión de los hallazgos a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría.
