La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización sobre las auditorías realizadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la última década. La presidenta de la mesa legislativa, Nathaly Farinango, reveló que de los 774 informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) remitidos por la Contraloría General del Estado a la Fiscalía General del Estado entre 2016 y 2026, la entidad persecutora del delito apenas ha informado sobre gestiones avanzadas en 60 casos.
El seguimiento legislativo se ampara en la resolución plenaria aprobada en junio de 2026, la cual requirió al organismo de control un desglose detallado de las irregularidades en los gobiernos locales. De un total de 5229 exultados de auditoría procesados en las 24 provincias, los datos remitidos muestran que Manabí y Esmeraldas encabezan la lista de indicios penales con 67 casos cada una, seguidas de El Oro con 60. Aunque Guayas y Pichincha concentran el mayor volumen global de exámenes con 471 y 418 auditorías respectivamente, sus proporciones de presuntos delitos resultan menores frente al consolidado nacional.
Durante su comparecencia ante la comisión, la Fiscalía detalló que las causas en trámite responden mayoritariamente a peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito. Los legisladores se encuentran a la espera de un reporte complementario que desglose el estado procesal específico de los expedientes, la distribución geográfica de las causas y las sentencias emitidas. La comisión prevé entregar su informe final a finales de septiembre con recomendaciones institucionales, remarcando que el proceso indagatorio se efectúa de manera global y sin vinculación con el calendario para los comicios seccionales.
