A pesar de que el Código de la Democracia contempla sanciones para el ingreso de recursos irregulares en las campañas, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) carece de un procedimiento específico para juzgar delitos como el lavado de activos. Esta falencia procesal cobró relevancia tras la suspensión temporal por nueve meses dictada por jueces electorales contra los movimientos Revolución Ciudadana y Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), luego de ser notificados por la Fiscalía General del Estado sobre investigaciones en curso.
Ante este vacío legal, en la Asamblea Nacional avanza un proyecto de ley presentado por la bancada oficialista que busca reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar la financiación ilegal de las organizaciones políticas. La propuesta, remitida a la Comisión de Justicia, plantea penas de entre 5 y 22 años de cárcel para quienes entreguen o reciban aportes con recursos de procedencia ilícita, así como sanciones a personas jurídicas involucradas. Para aplicarse en los próximos comicios presidenciales, la reforma deberá ser aprobada al menos un año antes del proceso electoral de 2029.
