El presunto perjuicio de 61,5 millones de dólares ocasionado al Estado dentro del denominado caso Triple A —proceso penal que involucra a 22 acusados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez— representa una cifra cuyo impacto equivale al desvío de 22,7 millones de galones de combustible. Para ilustrar la magnitud de este monto en la inversión pública nacional, dicha cantidad permitiría financiar un año del Bono de Desarrollo Humano para 93.185 familias, la construcción de 1.521 viviendas de interés social o la edificación de doce unidades educativas fiscales con capacidad para miles de estudiantes.
A nivel local, el valor investigado supera el presupuesto total del quinto acueducto de Guayaquil, una obra prioritaria valorada en 54,4 millones de dólares diseñada para dotar de agua potable a medio millón de habitantes en sectores como Monte Sinaí y Flor de Bastión. Asimismo, los recursos habrían alcanzado para ejecutar cuatro pasos elevados de movilidad, 28 parques lineales o tres proyectos integrales de alcantarillado. Mientras las cifras reflejan la dimensión del potencial gasto público, el proceso judicial continuará en el Tribunal Anticorrupción con la evación de pruebas de los procesados.
