La exministra de Energía, Inés Manzano, se pronunció de manera oficial respecto a las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado en el denominado caso Apagón. La causa penal indaga un presunto delito de peculado en la contratación de generación eléctrica de emergencia con la firma estadounidense Progen durante la crisis energética de 2024. A través de un comunicado público, la exfuncionaria aclaró que no formó parte de la negociación ni de la adjudicación de dichos contratos, debido a que estos ya se encontraban vigentes cuando asumió la cartera de Estado el 9 de octubre de 2024.
Manzano puntualizó que los desembolsos económicos realizados durante su periodo por la unidad Termopichincha, perteneciente a la Corporación Eléctrica del Ecuador, correspondieron estrictamente a obligaciones contractuales previamente adquiridas. La investigación de la Fiscalía General se concentra en presuntas irregularidades dentro de las fases precontractual, contractual y de ejecución para la instalación de generadores termoeléctricos en las centrales de Quevedo y El Salitral, proyectos que buscaban mitigar los racionamientos de energía y cuyo perjuicio económico estimado para el Estado supera los 104 millones de dólares.
El caso Apagón ha derivado en la formulación de cargos contra 21 personas, incluyendo al también exministro de Energía Antonio Goncalves y a varios exfuncionarios del sector eléctrico. En su defensa, Manzano sostuvo que los chats institucionales difundidos corresponden al seguimiento formal de contratos heredados y que, al detectarse los incumplimientos de la contratista, respaldó acciones legales internacionales bajo la Ley RICO en los Estados Unidos. Finalmente, la exministra confirmó la presentación de un escrito ante el Ministerio Público para colaborar plenamente con las diligencias necesarias que permitan esclarecer los hechos.
