El Consejo Nacional Electoral ha registrado un total de 393 alianzas políticas validadas en las 24 provincias del país para participar en los comicios seccionales convocados para el 29 de noviembre. La estructuración de estos acuerdos responde a la necesidad pragmática de los partidos y movimientos de cumplir con las exigencias del Código de la Democracia, las cuales imponen encabezar las listas con un 50 % de candidatas mujeres y un 25 % de jóvenes. Asimismo, la normativa fija umbrales mínimos de votación, alcaldías o concejalías en al menos el 10 % de los cantones para evitar el inicio de un proceso de cancelación o extinción en el registro electoral.
El mapa electoral evidencia coaliciones entre agrupaciones tradicionalmente antagónicas en diversas jurisdicciones del territorio nacional. En Pichincha, el Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y el movimiento Somos se unieron para impulsar la precandidatura de Pabel Muñoz a la Alcaldía de Quito, pese a sus diferencias históricas con la corriente correísta. Un fenómeno similar se repite en provincias como Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas y Guayas, donde el Partido Social Cristiano, CREO, Sociedad Patriótica, la Izquierda Democrática y Centro Democrático unieron fuerzas en distintos cantones, mientras que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional concretó una sola alianza en Salinas.
Analistas electorales y dirigentes de las agrupaciones coinciden en que estos frentes responden a un instinto de conservación y a la aceleración del calendario electoral antes que a afinidades ideológicas o proyectos programáticos comunes. Aunque las reformas legales vigentes establecen que las dignidades y porcentajes obtenidos en alianza se dividan en partes iguales entre los integrantes, la prioridad de las organizaciones radica en asegurar presencia territorial y conservar la personería jurídica. La viabilidad y estabilidad de estas uniones se pondrá a prueba tras los comicios al momento de asumir la gestión en los gobiernos locales.
