El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a ministros de Relaciones Exteriores y del Interior de más de 60 naciones para una cumbre de alto nivel que se desarrollará la próxima semana. El objetivo central del encuentro es articular una estrategia global frente a lo que el gobierno del presidente Donald Trump define como un “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Según informes del diario The Washington Post, la cita persigue robustecer los mecanismos de cooperación en la aplicación de la ley y el flujo de inteligencia frente a facciones acusadas de promover la violencia política a escala internacional.
Sin embargo, los documentos conceptuales enviados a las delegaciones extranjeras han encendido las alarmas tanto fuera como dentro de la propia Casa Blanca. Expertos en seguridad, diplomáticos europeos y funcionarios norteamericanos coinciden en que la administración republicana podría estar sobredimensionando de forma deliberada el alcance real de este fenómeno, restando recursos y atención a otras expresiones de extremismo que continúan siendo consideradas como prioritarias para el resto de las potencias de Occidente.
Divisiones internas y el debate sobre “Antifa”
La ofensiva antiterrorista, delineada formalmente por el Ejecutivo de los Estados Unidos en mayo pasado, ha despertado severas resistencias institucionales por dos vertientes principales:
- Preocupación por persecución doméstica: Diversos analistas y funcionarios del Departamento de Justicia temen que la Casa Blanca pretenda utilizar andamiajes legales diseñados exclusivamente para combatir el yihadismo internacional u organizaciones foráneas con el fin de vigilar o criminalizar a activistas, movimientos sociales y manifestantes de izquierda dentro de los propios Estados Unidos.
- El precedente legal: En oficinas jurídicas gubernamentales se advierte que esta flexibilización conceptual podría sentar un precedente peligroso, habilitando a futuras administraciones de signo político contrario a instrumentalizar las mismas herramientas excepcionales del Estado en contra de organizaciones conservadoras. Debido a esta fricción interna, varios funcionarios federales ya habrían optado por marginarse del evento.
- El estatus de Antifa: El movimiento antifascista descentralizado es el foco de las discusiones. Mientras el asesor presidencial para contraterrorismo, Sebastian Gorka, impulsa la tesis de vincular a Antifa con redes radicales del extranjero para desbloquear mayores capacidades de inteligencia e investigación, juristas recuerdan que la ley estadounidense prohíbe taxativamente catalogar como terroristas a grupos locales que no posean una estructura de mando, finanzas o base de operaciones centralizada fuera de sus fronteras.
Escepticismo entre los aliados del continente europeo
En el ámbito diplomático internacional, la convocatoria ha sido recibida con marcada frialdad. Representantes de múltiples gobiernos europeos declararon, bajo condición de anonimato, no comprender los fundamentos de la invitación, remarcando que en sus respectivos territorios las actividades de los grupos radicales de izquierda no constituyen un peligro inminente ni figuran en las agendas prioritarias de sus agencias de seguridad interna.
Esta no es la primera vez que la política exterior de la administración Trump choca con sus aliados históricos sobre esta materia. Durante una mesa de trabajo preparatoria celebrada en La Haya hace un par de meses, las delegaciones asistentes ya manifestaron de manera expresa su disconformidad con los informes de evaluación presentados por el Departamento de Estado, marcando una distancia evidente con la narrativa de Washington.
