El Ministerio del Interior ha capacitado a más de 15.000 servidores públicos y efectivos de la fuerza pública en estrategias de protección para niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento por parte de organizaciones delictivas. Según detalló Paola Escobar, subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y Violencia, la gestión contempla la instalación de veintinueve mesas de prevención a nivel provincial y cantonal —enfocadas prioritariamente en la región Litoral— con el respaldo técnico de organismos como Unicef y la cooperación alemana GIZ.
La estrategia preventiva se complementa con el Protocolo RUUNNA, emitido junto al Ministerio de Educación para detectar y abordar alertas en los planteles educativos, sumado al desarrollo de próximos lineamientos para el sistema de salud. En el ámbito legal, el marco se sustenta en la Ley Orgánica Reformatoria aprobada en octubre de 2026, la cual endureció las penas en el Código Orgánico Integral Penal a lapsos de entre 22 y 26 años de prisión por este delito. Paralelamente, la intervención estatal abarca programas sociales como Sembrando Oportunidades en Guayaquil y Durán, así como la construcción de los Centros Cívicos por la Vida y la Paz en diez cantones del país.
