La cartera de Educación dio inicio al ciclo lectivo en el régimen Costa-Galápagos con la implementación de una estrategia integral que busca proteger a más de dos millones de estudiantes. Según explicó la ministra Gilda Alcívar, esta nueva etapa del plan de seguridad se ejecuta en coordinación con el Ministerio del Interior para intervenir en 450 planteles educativos seleccionados por su vulnerabilidad, de los cuales 190 se encuentran en la provincia de Guayas. El despliegue contempla la vigilancia permanente de 19000 efectivos policiales en los horarios de ingreso y salida, además de la activación de herramientas tecnológicas como códigos QR y botones de pánico para que los docentes reporten emergencias de forma inmediata.
Como parte de las medidas para garantizar el orden, el ministerio también emitió un nuevo acuerdo normativo que devuelve la facultad sancionatoria a los rectores y directores, permitiéndoles aplicar códigos de convivencia internos de manera más ágil y operativa. En cuanto a la organización escolar frente al toque de queda vigente, la jornada nocturna ha sido ajustada para finalizar a las 21:30, asegurando que los alumnos y el personal retornen a sus hogares antes del inicio de la restricción de movilidad. Asimismo, la autoridad ratificó que el uso de celulares queda estrictamente restringido en los establecimientos, permitiéndose únicamente en bachillerato bajo requerimiento pedagógico específico.
Respecto a la infraestructura y el impacto del invierno, la institución destinó una inversión de 190 millones de dólares para diversos rubros, incluyendo el mantenimiento de 264 planteles afectados por las lluvias. Aunque la gran mayoría de las unidades educativas iniciaron clases con normalidad, existen 20 instituciones en provincias como Los Ríos y Guayas que presentan daños mayores, por lo que sus estudiantes mantendrán modalidades virtuales o semipresenciales durante un mes mientras concluyen las reparaciones. La ministra enfatizó que, pese a los planes de contingencia por factores climáticos, la prioridad del Gobierno nacional sigue siendo preservar la presencialidad en todo el sistema educativo.
