Una investigación reciente reveló que la mortalidad en el sistema penitenciario de Ecuador experimentó un repunte alarmante durante el año 2025, cuadruplicando las cifras del periodo anterior. A pesar de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Daniel Noboa, que incluye la intervención de las Fuerzas Armadas y el control de motines, el número de decesos alcanzó los 1,220 reclusos. De este total, al menos 206 muertes fueron atribuidas a actos violentos y enfrentamientos entre bandas criminales, mientras que el resto se vincula a enfermedades como la tuberculosis, suicidios y causas indeterminadas, evidenciando una crisis sanitaria profunda tras las rejas.
El Ministerio del Interior justificó este incremento señalando un aumento en la población carcelaria debido a operativos de seguridad más estrictos, lo que ha generado un hacinamiento del 30.6% en centros para adultos. No obstante, organismos de derechos humanos y familiares de los internos denuncian maltratos, falta de alimentación adecuada y una atención médica insuficiente que ha exacerbado la propagación de enfermedades respiratorias. Mientras el gobierno promueve la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad como solución definitiva, la Defensoría del Pueblo ha remitido múltiples quejas a la fiscalía por presuntas torturas y condiciones inhumanas bajo la vigilancia militar.
