Los homicidios intencionales en Ecuador registraron una caída de casi el 50 % durante los primeros días de noviembre de 2026, periodo en el que rigió el cuarto toque de queda focalizado en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Según balances presentados por el presidente Daniel Noboa hasta el 10 de noviembre, cuando concluyó la restricción, se contabilizaron 178 muertes violentas frente a las 342 ocurridas en el mismo lapso de 2025, lo que representa una disminución del 48 %. El mandatario explicó que la medida, sustentada en el Decreto Ejecutivo 519, respondió a un análisis histórico de los últimos cuatro años que identifica un repunte delictivo en estas fechas debido a la cosecha de coca colombiana, el comercio ilícito de oro y la cercanía de las festividades de fin de año.
En el balance acumulado entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2026, la Policía Nacional reporta 7.026 asesinatos frente a los 7.941 contabilizados en igual periodo del año anterior, evidenciando una reducción global del 11,5 %. A lo largo del año, las caídas más pronunciadas coincidieron con las restricciones nocturnas aplicadas en marzo, mayo y septiembre, aunque octubre también marcó una baja significativa del 26,9 % sin necesidad de toque de queda. No obstante, hechos como el ataque armado perpetrado el 9 de noviembre en Huaquillas, donde fueron asesinados el candidato a la Alcaldía Ronald Farfán y el aspirante a concejal Cristhian Rugel, demuestran que los grupos criminales conservan capacidad para ejecutar atentados selectivos de alto impacto.
Para analistas en seguridad como Byron Sanmiguel, John Garaycoa y Javier Gutiérrez, si bien los toques de queda facilitan la concentración operativa de las fuerzas del orden y desestabilizan temporalmente a las bandas, no deben convertirse en el eje central de la política estatal. Los expertos coinciden en que sostener la reducción de la violencia en 2027 exige complementar estas intervenciones extraordinarias con labores permanentes de inteligencia, depuración judicial para evitar la impunidad, control penitenciario y prevención del reclutamiento juvenil en barrios y entornos educativos.
