Desde el 15 de mayo de 2025, los empleadores en Ecuador están obligados a registrar a sus trabajadores en el Sistema Único de Trabajo (SUT) del Ministerio del Trabajo dentro de los primeros 30 días de la relación laboral, según el Acuerdo Ministerial MDT-2025-094. Este sistema digital permite declarar contratos, salarios y actas de finiquito, con multas de hasta $9,400 (20 salarios básicos unificados) por incumplimiento. La normativa busca formalizar el empleo y garantizar derechos laborales.
El proceso requiere que los empleadores, ya sean personas naturales o jurídicas, se registren en el SUT con su RUC o cédula y una clave. Luego, ingresan datos del trabajador, tipo de contrato y salario, que debe ser al menos $470, el salario básico unificado (SBU) para 2025. También se registran jornadas, horas extras y beneficios como décimos. Las actas de finiquito deben presentarse en 15 días tras la terminación laboral, con pago digital si el trabajador no cobra directamente.
El Ministerio del Trabajo verificará el cumplimiento mediante inspecciones, usando un código HASH para validar actas. La reducción de jornada laboral ahora requiere autorización previa, y el incumplimiento puede derivar en sanciones del Código de Trabajo. Estas medidas, impulsadas por la ministra Ivonne Núñez, responden a la pregunta 7 de la consulta popular de abril 2025, que aprobó el trabajo por horas, y buscan combatir la informalidad, que afecta al 54.4% de los empleos.
La normativa también obliga a entregar documentos laborales a ex trabajadores y prohíbe modificaciones unilaterales en contratos. Aunque el sector empresarial apoya la formalización, algunos temen que las multas y la burocracia afecten a pequeñas empresas, según expertos. En 2024, el 50.77% de los contratos registrados correspondieron a jóvenes de 18 a 29 años, reflejando un mercado laboral dinámico pero vulnerable.
Estas reglas, efectivas desde mayo de 2025, refuerzan el control estatal sobre las relaciones laborales, pero generan debate sobre su impacto económico. Mientras el gobierno de Daniel Noboa apuesta por la digitalización y la transparencia, los empleadores deben adaptarse rápidamente para evitar sanciones, en un contexto donde el salario básico de $470 sigue siendo insuficiente para muchos trabajadores frente a la canasta básica.
