El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que la presunta red de corrupción desarticulada mediante la Operación Digitador generó un perjuicio económico que supera los $ 5 millones al Estado ecuatoriano. A través de la red social X, el funcionario detalló que la intervención policial comprendió 18 allanamientos simultáneos, incluyendo las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa y diversas dependencias de movilidad en Calceta y San Vicente. Los seguimientos financieros del caso detectaron además que la principal procesada, la alcaldesa Ángela Plúa —quien fue identificada por las autoridades bajo el alias de Jefa—, registra más de $ 2,6 millones en movimientos bancarios que no poseen una justificación aparente.
De acuerdo con la información oficial del Gobierno, la estructura delictiva estaba integrada por 13 personas, entre las que constan directores de movilidad, jefes de matriculación, digitadores, técnicos y tramitadores particulares. El ‘modus operandi’ de la organización consistía en alterar la atención regular a los usuarios bajo el pretexto de caídas del sistema, tiempo que aprovechaban para cobrar de manera ilegal valores entre los $ 100 y $ 150 a fin de evadir los requisitos técnicos de licencias, revisiones y traspasos de dominio. La investigación formal inició en agosto de 2025 tras una denuncia ciudadana al 1800 Delito, y las evidencias recopiladas incluyen dispositivos tecnológicos y dinero en efectivo que sustentarán la causa por delincuencia organizada.
