La elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), programada para el 29 de noviembre de 2026, podría coincidir con un referéndum constitucional que redefiniría de forma radical la estructura del Estado. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y busca retirar al CPCCS su facultad de designar autoridades para trasladar dicha responsabilidad a la Asamblea Nacional. Para concretar la unificación de ambas votaciones, el presidente Daniel Noboa deberá emitir el decreto ejecutivo correspondiente a mediados de agosto, respetando los plazos logísticos y constitucionales de preparación.
El impacto inmediato de una eventual victoria de la opción oficialista sería la declaración de desierto de todos los procesos de selección en marcha, algunos de los cuales arrastran retrasos históricos de hasta ocho años. Entre los trámites afectados consta el concurso para reemplazar a la dirección de la Fiscalía General del Estado, bajo una subrogación temporal tras la renuncia de Diana Salazar, y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos consejeros principales se encuentran en funciones prorrogadas desde noviembre de 2024. Adicionalmente, quedarían anuladas las planificaciones para renovar el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Defensoría del Pueblo.
El Consejo Nacional Electoral ya mantiene abierto el periodo de inscripción de precandidatos para el CPCCS, registrando más de una treintena de postulaciones que incluyen a actuales consejeros en funciones. El adelanto de estos comicios, justificado originalmente por las alertas climáticas del fenómeno de El Niño, plantea un escenario de transición compleja para el país. De aprobarse la reforma, las autoridades de control vigentes extenderían sus funciones prorrogadas por al menos dos años más, mientras el Legislativo instrumenta los nuevos reglamentos públicos de selección basados en méritos y escrutinio popular.
