El país atraviesa una nueva jornada de movilizaciones que ha sido catalogada por algunos sectores como un “paro nacional”, aunque en la práctica el escenario muestra una protesta focalizada en ciertas provincias del norte y la Sierra central.
La situación plantea un contraste evidente entre regiones, con ciudades como Guayaquil, Machala y Manta desarrollando sus actividades con total normalidad, mientras que Ibarra, Otavalo y Cotacachi registran los episodios más tensos.
En el norte del país, las concentraciones se han extendido por varios días, con bloqueos intermitentes de vías, enfrentamientos y cierre de comercios en algunos sectores. La provincia de Imbabura se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones, especialmente en la parroquia de San Miguel del Común y en el ingreso a la ciudad de Ibarra, donde el Bloque de Seguridad ha intervenido para garantizar la circulación del convoy humanitario y el abastecimiento de alimentos. En Otavalo, los disturbios se intensificaron con ataques a la fuerza pública y el cierre temporal de locales comerciales por presión de los manifestantes.
Por otro lado, en la región Costa, el panorama es completamente distinto. En Guayaquil, los servicios públicos, el transporte urbano y las actividades comerciales operan sin interrupciones. El puerto marítimo mantiene su flujo habitual, y la Policía ha reforzado los accesos a la ciudad para prevenir actos de sabotaje. En Machala y otras ciudades del sur, los reportes indican tranquilidad y normalidad, sin bloqueos de carreteras ni suspensión de labores. Este contraste evidencia que las protestas no han logrado extenderse de manera homogénea ni articular un movimiento verdaderamente nacional.
Analistas políticos coinciden en que el actual levantamiento carece de una estructura de coordinación nacional, como ocurrió en movilizaciones anteriores. Las demandas son diversas —desde la eliminación del subsidio al diésel hasta reclamos locales por minería o temas agrícolas— y los liderazgos se presentan fragmentados. Además, la presencia del crimen organizado en ciertas zonas del país ha generado una mezcla peligrosa entre la protesta social y la violencia focalizada, dificultando distinguir las fronteras entre reclamos legítimos y desestabilización.
El Gobierno, por su parte, mantiene una estrategia de diálogo territorial y control progresivo, asegurando que no se permitirá el cierre total del país. Mientras tanto, la ciudadanía observa un escenario de contrastes y desinformación, donde las redes sociales amplifican la idea de un paro nacional que, en los hechos, solo afecta parcialmente a un grupo de provincias. Ecuador enfrenta así una nueva prueba de estabilidad en la que el verdadero desafío parece ser distinguir entre la protesta social legítima y los intereses que buscan aprovechar el caos.
