El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó este lunes que ningún Estado se encuentra exento de sufrir problemáticas asociadas a la corrupción, argumentando que lo verdaderamente determinante para preservar la legitimidad democrática es responder ante estos escenarios con absoluta determinación, transparencia y colaboración con el sistema de justicia. Durante su intervención virtual en la presentación del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la confianza en las instituciones públicas, el mandatario insistió en que la integridad política representa el pilar fundamental para evitar que se distorsionen las decisiones públicas y se debilite la igualdad ante la ley.
Sánchez, cuya gestión ha enfrentado cuestionamientos políticos debido a investigaciones judiciales en su entorno cercano, destacó positivamente que la confianza de la ciudadanía en el Ejecutivo español registró un incremento de seis puntos porcentuales entre 2023 y 2025, situándose en el 43% y superando la media del 40% reportada por los países miembros de la organización. No obstante, calificó este avance como un progreso alentador que descarta la autocomplacencia, enfatizando que las instituciones más sólidas no son aquellas que evaden el escrutinio público, sino las que adoptan mecanismos avanzados de rendición de cuentas, tales como el nuevo plan estatal integral que incorpora las directrices europeas del grupo GRECO.
La relevancia de abordar este tema quedó de manifiesto en el propio documento de la OCDE, el cual reveló que el 38% de los ciudadanos españoles encuestados en 2025 expresó una profunda preocupación por las prácticas corruptas, una cifra que duplica el promedio general del organismo (18%) y supera ampliamente los registros de vecinos regionales como Francia, Italia y Portugal. Frente a este panorama, el secretario general de la entidad internacional, Mathias Cormann, concluyó el evento señalando que la recuperación del optimismo social demanda que los gobiernos aceleren la eficiencia de los servicios esenciales, generen instancias reales de consulta pública y fundamenten la toma de decisiones colectivas en datos transparentes y verificables.
