La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro, tras detectar indicios de una presunta intervención indebida en política de cara a los comicios presidenciales fijados para el próximo domingo. El documento oficial, suscrito por la presidenta del organismo legislativo, Gloria Elena Arizabaleta, detalla que la apertura de la causa responde de forma directa a las últimas declaraciones públicas y publicaciones en plataformas digitales emitidas por el jefe de Estado. Los mensajes del mandatario, orientados a respaldar la candidatura oficialista del senador Iván Cepeda, habían desatado duras críticas por parte de los partidos de oposición y de los organismos de control constitucional, quienes exigían frenar el uso del aparato estatal en beneficio de tendencias partidistas.
La mesa técnica sustenta la actuación legal en el artículo 422 del Código Penal colombiano, tipificado como el delito de intervención en política, en concordancia con los procedimientos especiales de la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992. Dado que la legislación del país vecino prohíbe taxativamente a los funcionarios públicos participar de forma activa en controversias electorales —restringiendo su rol exclusivamente al ejercicio del sufragio secreto—, la Comisión se activó como el único ente con la competencia legal para procesar al primer mandatario debido a su fuero constitucional, el cual impide que sea juzgado por tribunales ordinarios durante el ejercicio de sus funciones.
De forma paralela, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, requirió formalmente un informe detallado sobre la docena de quejas y denuncias acumuladas contra el mandatario con el propósito de ejercer una estricta vigilancia institucional sobre el expediente. De acuerdo con el ordenamiento jurídico de Colombia, si la célula parlamentaria halla méritos suficientes y elementos de convicción tras la fase indagatoria, tendrá la obligación de formular un dictamen acusatorio formal en contra de Petro ante el pleno del Senado, instancia que asumirá el rol de juez político para resolver la continuidad del proceso.
